Ciudad de México, jueves 16 de enero de 1992
Excelentísimos Señores,

Señoras y Señores,

La larga noche de El Salvador está llegando a su fin. Los acuerdos cuya firma estamos a punto de atestiguar anuncian una nueva era para un país profundamente perturbado, asolado por la violencia y los sufrimientos durante más de diez años. Es ésta una ocasión para alegrarse y para celebrar ya que una nación desgarrada contempla las esperanzas de paz y los retos de la reconciliación y la reconstrucción.

Hace veinticuatro meses solicitaron a mi predecesor, Javier Pérez de Cuéllar, quien lamentablemente no ha podido estar con nosotros hoy, que ejerciera sus buenos oficios para reunir al gobierno de El Salvador y el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), y los asistiera en un esfuerzo de negociación continuo e ininterrumpido. El propósito era terminar el conflicto armado por medios políticos, fomentar la democratización del país, garantizar un respeto ilimitado de los derechos humanos y reunificar a la sociedad salvadoreña. El marco del proceso de negociación que siguió establecía un activo papel de buenos oficios para el Secretario General y su representante, como intermediario y como participante en las reuniones directas de las partes. Las partes convinieron en una agenda amplia que abarcaba toda la gama de la problemática salvadoreña.

La agenda incluía a las fuerzas armadas, los derechos humanos, los sistemas judicial y electoral, la reforma constitucional, las cuestiones económicas y sociales, la reintegración en la sociedad de los miembros del FMLN y la verificación a cargo de las Naciones Unidas. Muy pronto fue evidente que la paz no sería posible sin haber abordado todas estas cuestiones honradamente y con el deseo de lograr los cambios de largo alcance necesarios para asegurar que una vez que el conflicto armado hubiera cesado, no habría motivos para que se reanudara.

Estas negociaciones fueron acosadas por los sectores estridentes que se oponían a la idea misma de una solución negociada, y abrumadas por el escepticismo de un pueblo casi acostumbrado a la guerra. La clave de su éxito fue precisamente la voluntad de establecer esos cambios. El acuerdo de paz que está a punto de ser firmado es el logro que remata ese largo y arduo camino. Ha sido un proceso difícil, minucioso, paso a paso, en el que ambas partes, así como las Naciones Unidas, se han esforzado por mantener informados y, por ende, involucrados, a una variedad de partidos políticos y otras entidades representativas.

El acuerdo de paz debe ser visto junto con los Acuerdos que fueron alcanzados en San José, México y Nueva York en julio de 1990, abril de 1991 y septiembre de 1991 respectivamente. No es exagerado decir que en conjunto y habida cuenta de su amplitud y su alcance, estos acuerdos causarán una revolución lograda por la negociación. Se dará a las fuerzas armadas un papel claramente subordinado a las autoridades civiles, proporcionado a sus responsabilidades como se redefinen en la nueva Constitución. Las fuerzas armadas se modernizarán, reformarán y reestructurarán en consecuencia. El poder judicial será reformado y reforzado y se fortalecerá su independencia con la disposición de que un porcentaje del presupuesto de la nación sea automáticamente asignado a él. En el Tribunal Electoral participarán personas que no estén afiliadas a ningún partido político y el sistema será revisado para hacerlo más confiable que antes. Se han acordado principios y directrices en lo que respecta a las cuestiones económicas y sociales, incluso aquellas relativas a la tierra, y se han establecido mecanismos para el seguimiento de estos asuntos. Además, las partes han convenido en crear la Comisión sobre la Verdad, cuyos miembros fueron designados por mi predecesor. Esta comisión se encargará de la tarea, esencial para la reconciliación, de descubrir la verdad en lo que respecta a los actos de violencia más infames de la década pasada. El Acuerdo de Nueva York del pasado mes de septiembre también dispuso la creación de una Comisión Nacional para la Consolidación de la Paz, COPAZ, la cual ya está funcionando y habrá de desempeñar un papel prominente en la próxima transición.

Saludo al gobierno de El Salvador y de manera particular al Presidente Cristiani por su cordura y su clarividencia. Y también rindo homenaje al FMLN por su imaginación política. Un nuevo y mucho mejor El Salvador surgirá de estos acuerdos cuya aplicación pondrá fin al conflicto armado salvadoreño.

Para las Naciones Unidas, la participación en esta empresa ha sido urna experiencia que ha abierto nuevos horizontes, no sólo porque tradicionalmente la organización Mundial no había desempeñado un papel en esta región sino también por la naturaleza de su involucración. Aunque es indudable que el conflicto armado de El Salvador tiene una dimensión internacional, es primordial y definitivamente un conflicto interno y, por ello, no suele ser la clase de problema en que las Naciones Unidas intervienen. Sin embargo, la petición personal del Presidente Cristiani, el respaldo del Consejo de Seguridad y de la Asamblea General al proceso de paz en América Central, y específicamente al papel de buenos oficios del Secretario General en apoyo del mismo, arrojan una luz nueva y diferente sobre este asunto.

Así las Naciones Unidas, con el apoyo de sus miembros, fue invitada a desempeñar un papel novedoso en la solución de un conflicto, al parecer inabordable, en un Estado miembro.
Desde el comienzo de esta negociación las partes convinieron en encomendar a las Naciones Unidas la responsabilidad de verificar la aplicación de los acuerdos que habían celebrado.

El próximo período, ahora que la negociación de fondo como tal ha llegado a su fin, será también de innovación para las Naciones Unidas. Desde que la ONUSAL empezó a vigilar los derechos humanos, la organización pisó terreno virgen. Las responsabilidades ampliadas de la ONUSAL, aprobadas en esta misma semana por el Consejo de Seguridad, son una medida ambiciosa de la comunidad internacional para apoyar el esfuerzo de los salvadoreños y, por ende, de los centroamericanos en general, a fin de romper el ciclo de pobreza y violencia y avanzar decididamente hacia el desarrollo, la democracia y la paz. Ahora se abre ante El Salvador una nueva era de oportunidades.

De nuestra participación en situaciones que han provocado conflictos internos, o problemas de derechos humanos, hemos aprendido que a menudo hay un substrato de dificultades en lo que respecta a la participación política y la equidad económica. Hemos visto que las demandas opuestas de acceso a los recursos nacionales escasos pueden llevar a graves problemas. Hemos visto que las percepciones diferentes de la seguridad nacional pueden fomentar disturbios y conflictos internamente.

Lo que esto nos enseña es que las estrategias nacionales de gobierno deben establecerse con la participación de diferentes sectores de la sociedad; que el objetivo central de toda empresa gubernamental debe ser el acrecentamiento del bienestar del pueblo en general; que debe haber cauces para que la gente comunique sus dificultades y busque remediarlas; y que todas las sociedades deben procurar constantemente esforzarse por realizar los preceptos de la Declaración universal de los Derechos Humanos.

Esta Declaración abraza un concepto de los derechos humanos que vincula los derechos económicos, sociales y culturales en una relación interdependiente e indivisible con los derechos civiles y políticos. Sólo con estas estrategias orientadas al pueblo podemos esperar reducir las raíces del conflicto.
La implantación de estrategias de gobierno tendientes a acrecentar la dignidad y el bienestar de los hombres sólo puede ocurrir en un clima de democracia genuina, imperio de la ley y respeto de los derechos humanos. La democracia permite identificar y destilar la voluntad del pueblo; el imperio de la ley refrena el ejercicio arbitrario del poder; y el respeto de los derechos humanos permite a cada cual desarrollarse y florecer en la medida de su personalidad. Desde estos puntos de vista, los acuerdos de hoy son una ocasión para congratular al pueblo salvadoreño.

Cuando vemos a una sociedad como la de El Salvador decidida conscientemente a fortalecer sus instituciones de libertad y gobierno civil, podemos percibir la necesidad de que la comunidad internacional demuestre su solidaridad y su apoyo. Esto es una cuestión de principio; pues el imperio del principio que queremos reivindicar internamente también debe ser defendido internacionalmente. Por imperio del principio quiero decir que todas las partes de la comunidad mundial deben preocuparse por el bienestar de la humanidad en conjunto; que las políticas y estrategias que se persigan internacionalmente deben promover los intereses de todos los países y todos los pueblos; que la comunidad internacional no puede tolerar que continúe una situación en la que una pequeña parte del mundo vive en la abundancia mientras que la mayoría de la población mundial vive en la privación; que las medidas urgentes de reajuste estructural que son necesarias en las sociedades nacionales también se necesitan con apremio internacionalmente.

Los nuevos retos que plantean el establecimiento, el mantenimiento y el fortalecimiento de la paz en nuestros tiempos hacen necesario que demos más atención a los nexos entre los aspectos internacionales e internos de la seguridad, al cumplimiento de los principios de legitimidad, democracia e imperio de la ley en el manejo de los asuntos internacionales y nacionales, y a las interrelaciones que hay entre la paz, el desarrollo y la libertad.

Excelentísimos Señores,

Señoras y Señores,
Cuando las partes firmaron el acuerdo de Ginebra que estableció el marco para este proceso, dispusieron que el Secretario General, a su discreción, pudiera mantener relaciones confidenciales con los gobiernos de los Estados Miembros de las Naciones Unidas, o con grupos de ellos que pudieran contribuir al buen éxito del proceso mediante su consejo y su apoyo. Mi predecesor consultó con algunos gobiernos en este marco.
Sin embargo, lo hizo de manera especial con un grupo de gobiernos que vinieron a ser llamados "amigos del Secretario General", a saber: los de Colombia, México, España y Venezuela. La presencia aquí de los presidentes de esos países es verdaderamente apropiada. Las partes decidieron proceder a la firma formal de este acuerdo de paz en México, país que en muchas ocasiones ha albergado y ha proporcionado otras formas inestimables de apoyo a la negociación. Deseo agradecer especialmente al Presidente Salinas de Gortari su apoyo y su aliento constantes.

Tal como mi predecesor lo hizo antes, yo y mi representante personal seguiremos contando con el consejo y el apoyo de estos y otros amigos durante el período venidero. Además, he comenzado a explorar, con otros gobiernos, la posibilidad de que se involucren más en los esfuerzos para apoyar la fase de implantación de los acuerdos y reconstrucción que El Salvador está a punto de iniciar. El Salvador no debe ser olvidado ahora, cuando la paz está a punto de brotar.

Excelentísimos Señores,

Señoras y Señores,
Invito ahora a los representantes del gobierno de El Salvador y a los del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional a que firmen el Acuerdo de Paz.