Con la firma de los Acuerdos de Paz en 1992, El Salvador entró en un proceso de transición de reforma hacia la institucionalidad democrática del Estado, lo que se constituyó en un caso paradigmático de resolución de conflictos, por la vía del diálogo y la negociación. Condiciones similares a las de El Salvador ocurrieron en otros países de la región latinoamericana, situación que, entre algunas razones, llevó a cuestionar el paradigma de la seguridad, que tradicionalmente se había centrado en la defensa de las fronteras e intereses del Estado (seguridad nacional) hasta transitar hacia un enfoque de seguridad centrada en las personas.
Este cambio de enfoques ocurre frente a un aumento sustantivo de las tasas de homicidios y otras formas de violencia social, predominantemente contra los jóvenes y las mujeres, a tal punto que, en la actualidad, las (in)seguridades ciudadanas se han convertido en un tema central en la agenda política de los gobiernos de la Región.
Elementos como los anteriormente señalados constituyeron los antecedentes para el impulso del Programa Conjunto: “Reducción de la Violencia y Construcción de Capital Social, cuyo objetivo principal es contribuir a promover el desarrollo humano y la consecución de los ODM, a través de la prevención de la violencia y el fomento de seguridad y convivencia ciudadana.
Las organizaciones de las Naciones Unidas involucradas en el Programa Conjunto (2009-2012) son: Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Organización Internacional del Trabajo (OIT), Organización Panamericana de la Salud (OPS-OMS) y Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). Los principales socios en la implementación del Programa Conjunto son el Consejo Nacional de Seguridad Pública (CNSP), el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y la Alcaldía Municipal de San Salvador.
En el plano nacional y local, el Programa ejecuta acciones orientadas al fortalecimiento del diálogo y las capacidades institucionales para el diseño, implementación y monitoreo de políticas y planes de prevención de violencia.
El municipio de San Salvador fue seleccionado como la zona de intervención específica, por ser uno de los 10 más violentos del país, con una tasa de 40.8 violaciones por cien mil habitantes y de 77.19 homicidios por cada 100,000 habitantes para el año 2008, estando por encima de la media del país. Asimismo, considerando los altos niveles de hacinamiento y violencia existentes, se han priorizado determinadas acciones focalizadas en los Distritos V, VI y Centro Histórico del Municipio de San Salvador, en los cuales existen 138 comunidades marginales, 7 barrios populares, 113 colonias, 38 condominios residenciales, 11 mercados públicos, 65 parques y plazas y al menos, 61 instituciones educativas.
El Programa ha iniciado el desarrollo de iniciativas para fortalecer el tejido social y prevenir la violencia, mediante la recuperación de espacios públicos como escenarios de encuentros de convivencia, la promoción de una cultura ciudadana de respeto a las normas para convivir mejor, el incremento a las oportunidades educativas, laborales y de desarrollo de las y los jóvenes, el fortalecimiento de espacios para la resolución alternativa de conflictos, así como contribuir a reducir la violencia armada, mediante campañas de fiscalización y decomiso de armas, reducción de la demanda de estas y fortalecimiento de las capacidades de las instituciones responsables del control de las mismas.